Humberto Romero-Muci: “En este momento vivimos en un Estado fallido, sin derecho. Solo reina el poder desnudo, que es la arbitrariedad y voluntad del más fuerte”
Para el día 6 de diciembre en Venezuela
están convocadas las elecciones para diputados a la Asamblea Nacional. El
numero de diputados paso de 167 a 277 en un dudoso e irregular cambio de norma.
El proceso electoral se lleva en este instante en una completa desolación a lo
largo y ancho de Venezuela. La abstención será alta sin lugar a dudas, pero el régimen
dará sus cifras de “éxito”. Las elecciones parlamentarias son esencialmente una
pugna de poder entre el mismo chavismo que usurpa el poder en el Palacio de
Miraflores, entre los clanes rojos de Maduro, Cabello, El Aissami, Rodriguez
entre otros. Evidentemente se desarrolla un fraude electoral en Venezuela ya
que el mismo apenas cuenta con un minúsculo apoyo de la ciudadanía, venezolanos
en su mayoría obligados por el mismo régimen a participar con la amenaza que
vimos en días recientes de Diosdado Cabello de ir a sufragar para “seguir
comiendo”.
Sobre este tema conversé con el
Dr. Humberto Romero-Muci, destacado abogado graduado en la Universidad Católica
Andrés Bello (Ucab) Summa Cum Laude en Caracas. Así mismo es Magister en
leyes de la facultad de derecho de la Universidad de Harvard y Doctor en
derecho por la Universidad Central de Venezuela (Ucv). El Dr. Humberto
Romero-Muci es actualmente individuo de número, ocupando el sillón número 14 y
presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela. A su
vez es miembro del Consejo Fundacional de la Universidad Católica Andrés Bello.
Profesor titular y jefe de la catedra de derecho financiero de la Universidad Católica
Andrés bello y profesor de derecho de la contabilidad en el postgrado de derecho
financiero de la Universidad Católica Andrés Bello. También se desempeña como profesor
en los cursos de Doctorado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de
la Universidad Central de Venezuela. Fue Magistrado de la Sala Político Administrativa
de la antigua Corte Suprema de Justicia en Venezuela. Actualmente ejerce el
derecho como socio en D´Empaire, Reyna y Asociados.
LQMEM: ¿Es la ley antibloqueo
ilegal? ¿Que viola la misma que jurídicamente se considera así?
HRM: La llamada Ley antibloqueo,
ni es ley, ni es constitucional. Es una vía de hecho normativa de la
inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente que pretende subvertir el
orden jurídico venezolano, para implementar en forma encubierta un aparente
“cambio de legislación económica”. Sus objetivos, entre otros, privatizar
bienes públicos de forma indiscriminada y opaca, a partir de una facultad para
desaplicar selectivamente normas vigentes. Todo esto en violación de la
Constitución de la República, la seguridad jurídica y los derechos de los
venezolanos.
“La llamada Ley
antibloqueo, ni es ley, ni es constitucional. Es una vía de hecho normativa de
la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente que pretende subvertir el
orden jurídico venezolano, para implementar en forma encubierta un aparente
cambio de legislación económica”.
Humberto
Romero-Muci
LQMEM: ¿Busca esta ley por parte
del régimen de Nicolás Maduro privatizar varios activos del Estado con socios
aliados para ellos ser sus gerentes en el país? Como, por ejemplo, los casos de
Lácteos Los Andes o Agropatria recientemente.
HRM: Lo que sí puedo afirmar es
que, la pretendida ley, confiesa su deliberado propósito de facilitar, al
margen del orden jurídico, la generación de “ingresos adicionales y obtención
de divisas”, a través de la liquidación, en secreto, de activos públicos, fuera
de los mecanismos ordinarios de control presupuestario y bajo una contabilidad
separada, en abierta violación de los artículos 311 al 315 de la Constitución,
con el pretexto falso de contrarrestar los efectos de llamadas “medidas
coercitivas” o “medidas punitivas” que se atribuyen a agentes extranjeros.
LQMEM: En días recientes, la
vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez anunció la creación de una
nueva ley que gravaría transacciones en divisas. ¿Cómo sería la aplicación de
esta ley?
HRM: Lo que hay hoy es la
potencial aplicación de una sobre tasa, un sobreimpuesto o alícuota entre el 5
y 25%, a las transacciones denominadas en moneda extranjera. Así se reguló en
la pretendida reforma de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (Iva) de enero de
2020. La fijación final de la alícuota corresponde al Ejecutivo. Esto no ha
ocurrido. Puede explicarse porque seguramente la pandemia lo retrasó y el
modelo del llamado Petro tampoco funcionó. Lo cierto es que hoy, la
dolarización de facto de la economía previene esa barbaridad, porque encarece y
obstaculiza innecesariamente las transacciones económicas en la menguada
economía del país. Es un costo político innecesario e inconveniente para el
propio régimen. Cualquier recargo a las transacciones en moneda extranjera será
otro añadido a la brutal hiperinflación, a la recesión y a la informalidad de
la economía.
“La pretendida ley,
confiesa su deliberado propósito de facilitar, al margen del orden jurídico, la
generación de ingresos adicionales y obtención de divisas, a través de la
liquidación, en secreto, de activos públicos, fuera de los mecanismos
ordinarios de control presupuestario y bajo una contabilidad separada”.
Humberto
Romero-Muci
LQMEM: ¿Cómo se podría enderezar
el torcido derecho y sus instituciones en un país controlado por un régimen
como el de Nicolás Maduro?
HRM: En este momento vivimos en
un Estado fallido, sin derecho. Solo reina el poder desnudo, que es la
arbitrariedad y voluntad del más fuerte. El derecho fue instrumentalizado como
medio para la dominación política. Definitivamente, solo un cambio de régimen
político permitirá la reinstitucionalización del Estado de derecho, la
democracia y la plena efectividad de los derechos humanos. Eso pasa por una
transición política, con elecciones libres, competitivas, justas y auditables.
Ese es el ingrediente esencial y necesario para refundar el país. No esperemos
otra cosa.
LQMEM: En materia de derecho
financiero y tributario ¿es posible avanzar y concretar en el corto o mediano
plazo una dolarización en Venezuela? ¿Qué implicaciones en materia de derecho
deben asumirse para llegar a este escenario?
HRM: En este momento vivimos una
dolarización de facto o transaccional de la economía. El bolívar perdió
funcionalidad totalmente. No sirve para denominar obligaciones, ni como medio
de pago, o para atesorar valor, ni siquiera circula físicamente. El dólar
cumple esas funciones alternativamente, con idoneidad, primero, porque no está
prohibida su circulación, es licito, por acuerdo entre particulares, denominar
y pagar con el dólar como moneda exclusiva y segundo porque el bolívar es
libremente convertible externamente según el Convenio Cambiario Número 1. No
creo que pueda establecerse una dolarización formal. Se necesitan acuerdos con
el Tesoro de los Estados Unidos o del país que ayude para establecer un
bimonetarismo institucionalizado, lo cual no es políticamente viable con el
régimen que ejerce el poder. Además, se requeriría declarar el dólar como
moneda de curso legal conjuntamente con el bolívar. Hay una rigidez constitucional
que identifica al bolívar como signo monetario nacional, lo que lleva implícito
la exclusión de otras monedas como de recepción obligatorias en el país. Nuevamente,
una solución de fondo pasa por un cambio de régimen político. Es la única forma
de remediar la ruina generada en 21 años de destrucción del aparato económico,
como mínimo, además de muchas otras medidas monetarias, fiscales y de políticas
públicas necesarias para restablecer la confianza de los operadores económicos
internos y externos en el país, reencauzar la economía y demás instituciones.
LQMEM: El día 6 de diciembre se realizarán las elecciones parlamentarias y en paralelo en esos días, la oposición venezolana la llamada “Consulta Popular”. ¿Qué expectativas tiene con los dos eventos, porque se puede ver en el ambiente un gran cansancio en la población venezolana?
HRM: Las votaciones no
democráticas no eligen. Esas pretendidas votaciones son incapaces de elegir,
porque están organizadas en infracción de múltiples exigencias de la
Constitución y de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
Sobre esto se han pronunciado las Academias Nacionales en varias oportunidades.
Todo lo que salga de esas pretendidas elecciones no tendrá efecto ni validez
alguno. Será más de lo mismo, vías de hecho, subterfugios para la dominación. Igualmente,
es necesario que la soberanía popular se ejerza, para que los ciudadanos y
ciudadanas se expresen libremente. Por ello, consideramos que es importante
abrir todos los canales válidos de participación ciudadana, como es el caso de
la consulta popular nacional convocada bajo la Constitución en sus artículos 5,
62 y 70, por sectores de la oposición y la sociedad venezolana, para que tenga
lugar entre los días 7 al 12 de diciembre de 2020.
“No creo que pueda
establecerse una dolarización formal. Se necesitan acuerdos con el Tesoro de
los Estados Unidos o del país que ayude para establecer un bimonetarismo
institucionalizado, lo cual no es políticamente viable con el régimen que
ejerce el poder. Además, se requeriría declarar el dólar como moneda de curso
legal conjuntamente con el bolívar. Hay una rigidez constitucional que
identifica al bolívar como signo monetario nacional”.
Humberto
Romero-Muci
LQMEM: Por su experiencia
tributaria, ¿considera positivo o negativo una armonización en ordenanzas de
Impuestos sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio y Servicios para
los municipios en Venezuela?
HRM: La coordinación de
potestades tributarias siempre es una medida conveniente para generar certeza
jurídica entre los contribuyentes y evitar abusos de las autonomías municipales
en la creación y aplicación de sus tributos propios. Sobre todo, en materia de
alícuotas. Pero esa armonización solo puede legítimamente producirse desde la
Asamblea Nacional legítimamente elegida, mediante el consenso democrático, no
como se hizo por una vía de hecho judicial de la Sala Constitucional, para
imponer un artificial acuerdo de armonización. En ningún caso, la armonización
implica ni supone una uniformación de la potestad tributaria del municipio. Eso
no es consistente con la autonomía municipal, ni con la descentralización
política que organiza la Constitución como forma del Estado Venezolano.
LQMEM: Hace algunos meses, las
Academias se pronunciaron en contra de las acciones que se están ejecutando en
contra de la naturaleza en el tristemente célebre “Arco Minero”. ¿Qué acciones
legales se están realizando para llevar a la justicia a los autores de esos
delitos?
HRM: La impunidad es la regla en
los delitos contra el medio ambiente. Resulta paradójico que en Venezuela es el
propio Estado, llamado constitucionalmente a proteger el ambiente y a los
pueblos indígenas, quien impulsa la barbarie y la depredación crematística del
ambiente con la minería ilegal. El Estado actúa como un agente extractivista
ajeno al bien común. Para la minería ilegal es eficiente extraer los recursos
de una sociedad desordenada, porque las decisiones que afectan la distribución
de la riqueza se basan en conexiones personales y arbitrarias en lugar de
reglas claras derivadas del Estado de derecho. Lamentablemente hoy para el
Estado, la contaminación y la degradación de los ecosistemas es un factor
irrelevante, así como la destrucción de la biosfera y de la biodiversidad o
menguar la generación de energía hidroeléctrica.
Foto: Dr. Humberto Romero-Muci
LQMEM: ¿A pesar de la pandemia, que logros y actividades se han realizado este año 2020 desde la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales y que novedades nos traerán para el año 2021?
HRM: La pandemia forzó a la corporación
y a sus numerarios a trabajar telemáticamente. Hoy todas nuestras actividades
son en formato virtual: foros, presentaciones de libros, sesiones ordinarias y
extraordinarias, elecciones de nuevos académicos, intercambios internacionales
y más. Es un cambio de paradigma que potenció la efectividad de nuestras
funciones, presencia y alcance ante la comunidad jurídica y la opinión pública
en general. La Academia se creció en la adversidad y supo convertir una
dificultad en una oportunidad exitosa. Hoy está más presente y activa que
nunca, en sus 105 años de historia institucional y seguiremos así. La Academia
es la conciencia jurídica y política del país. Está comprometida con la misión
de reestablecer el Estado de derecho, la democracia y la plena vigencia de los
derechos humanos en el país. ¡La Academia de Ciencias Políticas y Sociales está
al servicio del país, porque servir a Venezuela es honor!
Rogelio Guevara Cantillo
@rogeliogcmundo
Los Que Mueven El Mundo
Caracas & Miami, diciembre
de 2020
Muy interesante además de oportuna la entrevista al Dr. Romero-Muci. Gracias
ResponderBorrarMuchas gracias por su tiempo.
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